Jueves, 16 Agosto 2012 15:32

La calidad de la educación superior sigue en una encrucijada

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Por: Enrique Watanabe Varas
Vocal del Consejo Directivo del GICES 

Con las dificultades inherentes a un proceso de cambio y mejora, la acreditación en la educación superior ya camina: los procesos se han consensuado, los estándares se han metodizado, los instrumentos se han construido, la autoevaluación ha empezado a funcionar. Aunque la organización en las facultades universitarias y en institutos de formación superior no ha logrado todavía establecer las estructuras necesarias, los compromisos no remontan el aislamiento social de las instituciones y no se han establecido los mecanismos normativos para integrar la educación superior entroncándola dentro del sistema educativo peruano, la acreditación se ha puesto en marcha.

Cierto es que nuestro país llegó tarde para dotarse de un sistema que regulara la calidad educativa. En el 2003, sólo el Perú y Paraguay en el contexto americano no contaban con una norma legal en este tema. Cuando en julio del 2003 la Ley General de Educación incluyó la creación del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), señalando que su funcionamiento estaría sujeto a la creación, mediante ley específica, de los organismos operadores del Sistema; se abrió un importante debate que trascendió los límites del Congreso e involucró a sectores de la sociedad preocupados por la crítica situación de la educación superior. El GICES surgió en ese contexto y, con el liderazgo de Juan Abugattás se constituyó el grupo para formular propuestas y seguir el proceso de elaboración de la ley del SINEACE. 

Han pasado seis años desde la reglamentación de la ley y cinco de funcionamiento de los órganos operadores del sistema y vale la pena preguntarse cómo va la experiencia, específicamente en los casos del CONEAU y del CONEACES. Vale la pena preguntar si el país está ganando la batalla por la calidad educativa y si los procesos de autoevaluación están construyendo una cultura de calidad, en suma, si estamos bien encaminados hacia el incremento de factores de competitividad nacional, que es el supuesto al que la acreditación contribuye.

Tal vez es prematuro hacerse las preguntas anteriores, pero siempre es necesario fijar el horizonte para no perderse en el camino. Si bien en tanto política pública la acreditación ya está instalada, en estos años hemos aprendido que el valor de ellas  reside en su capacidad para ser el disparador y a la vez el acumulador del esfuerzo social, lo cual quiere decir que la gente involucrada es la verdadera garantía para que las políticas se mantengan en el tiempo, se complementen y actualicen. La participación de los beneficiarios de la educación superior resulta pues indispensable para tomar decisiones y por su mirada vigilante. Hay que decir entonces –parafraseando otras circunstancias- que la acreditación es demasiado importante como para dejarla –en términos prácticos- sólo en manos de las universidades o de los institutos y de sus entornos cercanos: Así, la acreditación puede terminar como el islote que generalmente acompaña a las islas más grandes, es decir, los institutos y las universidades.

También hemos aprendido que la continuidad de políticas es fundamental, pero es imprescindible cuando se trata de navegar a contracorriente de algunos males nacionales: la improvisación o el escamoteo de lo dispuesto. Nos alegramos cuando en su primer discurso el presidente dijo: “Reforzaremos el sistema de acreditación universitaria. Los títulos a nombre de la nación que en algunos casos prácticamente se regalan, tendrán un riguroso procedimiento nacional en salvaguarda de la calidad educativa”, pero en el discurso del presente año ni una palabra de la acreditación, ni una palabra de la educación superior. Mal para un gobierno que tiene a la inclusión social como bandera, porque la inclusión verdadera, sostenible, se da cuando la gente es incluida en el conjunto de relaciones económicas y sociales que genera el desarrollo productivo, no en el asistencialismo –tal como argumenta Richard Webb-. Hoy día, si se quiere hacer inclusión productiva, la educación superior no puede quedar excluida.

Y es relevante que la continuidad de políticas se exprese desde el más alto nivel de decisión del país porque en el discurso de la reestructuración educativa que se pretende establecer, la educación superior no cuenta. La acreditación  no se ha incorporado en todas las estructuras del Estado y en todos los niveles de gobierno. Quienes creemos que no sólo se trataba de crear el sistema, sino también de integrar sus órganos operadores en las estructuras de la sociedad y el Estado, consideramos que hay tareas inconclusas, para empezar, en el propio sector educación, asegurando el cumplimento de los objetivos de la Dirección de Coordinación Universitaria del MINEDU, por ejemplo, ahora perdida en un tercer nivel organizacional.

Como aconsejan los buenos entrenadores deportivos, hay que poner más gente en la cancha, pues frente a la acreditación universitaria los sistemas tradicionales han tendido a estabilizarse y cuando no a asimilar los procesos de manera burocrática, y, como sabemos, ese es el peor camino de la acreditación como inductor de la calidad, cuando se cree que el cumplimiento de los indicadores y estándares es suficiente y constituye un propósito en si mismo.

Pero en la encrucijada de la educación superior no sólo están las instituciones educativas, las instituciones sectoriales y los que por antecedentes algo podemos decir sobre el asunto, también está el imaginario de la gente. De cuando en vez los medios de comunicación abordan la crisis de la formación universitaria, o la falta de alternativas para la formación técnica, o la pobreza de la formación en algunas carreras; y no está mal que los medios traten los problemas de la educación superior, el problema es que quienes deberían aportar soluciones, no lo hacen.

El diálogo descrito líneas abajo se dio en un programa de entrevistas radiales el pasado martes 7 de agosto, en el contexto de un recuento de vicisitudes y dificultades que la congresista Leyla Chihuán vive para apoyar el deporte, como integrante de la Comisión del Congreso de la República para la Educación, Ciencia, Tecnología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, nada menos. El telón de fondo: el pobre desempeño de nuestros representantes en los Juegos Olímpicos de Londres, debido a la falta de una consistente política de promoción del deporte. 

Periodista Mónica Delta:

-  ¿Y por qué no pelea recursos en su Comisión?

Congresista Leyla Chihuán:

-  No, ya me cansé…

Periodista Mónica Delta:

-  Pero ¿Cómo es eso, no le hacen caso?

Congresista Leyla Chihuán:

-  No, sólo se discute sobre la creación de una y otra universidad…

Periodista Mónica Delta:

-  Ah, es que allí está el negocio, pues…

 

De nuestra parte, sin comentarios.

i Discurso del Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala Tasso, ante el Congreso de la República, el 28 de julio del 2011, en el marco de su asunción a la Primera Magistratura del Estado.

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